Oaxaca. La diputada local, Laura Estrada Mauro, dio a conocer un logro más en su trabajo legislativo, ya que el Congreso de Oaxaca aprobó una reforma constitucional para reforzar la propiedad intelectual cultural y colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y lo más importante castigar acciones como su saqueo y plagio.
En Oaxaca, se han dado diversos casos de plagio como sucedió con una diseñadora francesa con el huipil de Santa María Tlahuitoltepec, que fue comercializado por una marca estadunidense de ropa.
En el caso específico de la Cuenca del Papaloapan, señaló que ya se vivió un caso similar, con el portal de Internet www.onceangel.com con blusas típicas de San Felipe Jalapa de Díaz.
En este caso, la ropa “pirata”, era maquilada en Cantón, China, para su distribución a diferentes países del mundo y sin la calidad artesanal de estos textiles.
Otro caso que destacó la legisladora es el denunciado por el Instituto Oaxaqueño de las Artesanías, en el cual la marca australiana Zimmermann plagió el huipil mazateco originario de la región de La Cañada.
Esta reforma reconoce que los pueblos indígenas tienen el derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales, tradicionales y las manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas.
La ley reglamentaria castigará las diversas formas de discriminación étnica y las conductas etnocidas así como el saqueo del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas del estado, protegiendo la propiedad intelectual colectiva y los elementos que la conforman.
También se creará la contraloría comunitaria indígena o afromexicana, consejo de vigilancia o mecanismo legitimado en cada municipio regido bajo sistemas normativos internos, se les reconocerá su rendición de cuentas social hacia la comunidad, sus instrumentos de combate a la corrupción, medios de transparencia, sanciones y acciones de fiscalización y serán entes de consulta y verificación para los órganos internos de control y el Comité de Participación Ciudadana en el Combate a la Corrupción.